Dice
el refranero popular que “quien rompe paga y se lleva los tiestos rotos”, una
sentencia que, por evidente, parece una perogrullada, aunque hay veces en las
que lo difícil es determinar a quién se refiere el pronombre. Vamos, que hay ocasiones
en las que sabemos lo que se ha roto pero no sabemos quién es el responsable de
la rotura y, por lo tanto, del pago, a pesar de que parezca indiscutible la
autoría.
En
el caso del hotel de la playa “El Algarrobico”, en Carboneras, el Tribunal Supremo
acaba de determinar, después de diez años de pleitos y sentencias
contradictorias, que el complejo turístico está construido invadiendo los 100
metros de la franja de dominio público marítimo-terrestre y que se levantó en
una zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar; parece que esta
aberración urbanística tiene las horas contadas.
La
resolución judicial tiene una consecuencia inmediata: el hotel habrá que
derribarlo y seremos nosotros, sin ninguna duda, los que pagaremos los platos
aunque nunca hayamos roto uno. De momento la demolición nos va a costar 7,1
millones de euros; después, seguramente, tendremos que pagarle al promotor los
gastos de la construcción y el lucro cesante, algo que reclama en los
tribunales por un monto total de 70 millones de euros, que no son precisamente
reales de vellón, y que seguramente ganará porque resulta que este señor tenía
licencia municipal y autorización de la Junta, además de alguna subvención
autonómica para construir el hotel. Vamos a pagar entre todos por la
arbitrariedad de una decisión política y al final los responsables reales del
estropicio seguirán en sus poltronas.
He
utilizado hasta ahora el plural mayestático, porque creo que este asunto nos
debería hacer reflexionar sobre la titularidad del dominio público que aunque,
desgraciadamente, para muchos no es de nadie, nos pertenece a todos. Creo que,
tomando como ejemplo “El Algarrobico”, ha llegado ya la hora de exigir
responsabilidades patrimoniales a los políticos que, de forma consciente o por
dejadez manifiesta, dañan el interés general y trasladar también esa
responsabilidad subsidiariamente a sus partidos. A lo mejor así se cuidaba más
de uno de hacer experimentos con el dinero de todos y el partido dejaba de
amparar a algún que otro desalmado. Porque lo que parece claro es que nosotros
no tenemos porqué seguir pagando los trastos que no hemos roto y mucho menos
cargar con los escombros (13.3.2016).
No hay comentarios:
Publicar un comentario